¿Cuánto ganan los profesionales de la protección ambiental en España?

Redactar el estudio de impacto ambiental de un parque eólico, auditar las emisiones de una cementera, diseñar el plan de descontaminación de un suelo industrial o tramitar la autorización ambiental de una planta de residuos: ahí se mueve el profesional de la protección ambiental. Su trabajo es técnico y normativo a la vez. Mide, modeliza y documenta los efectos de una actividad sobre el aire, el agua, el suelo o la biodiversidad, y propone las medidas correctoras o de restauración que la ley exige. No educa ni divulga —esa es otra ocupación distinta—; aquí el objeto es el cumplimiento ambiental de proyectos, instalaciones y administraciones.

El grueso del empleo está en consultoras de ingeniería y medio ambiente que prestan servicio a empresas y obra pública, pero también lo absorben departamentos de medio ambiente de la gran industria, empresas de gestión de residuos y aguas, organismos de cuenca y administraciones autonómicas y locales con competencias de evaluación, vigilancia e inspección. La titulación habitual es un grado en Ciencias Ambientales, Biología, Geología o alguna ingeniería, a menudo completado con un máster en gestión ambiental, evaluación de impacto o sistemas de gestión.

El INE no publica un salario propio de este epígrafe: lo agrupa dentro del gran bloque de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, sin desglosar su retribución concreta. Por eso aquí no figura una cifra aislada del oficio. Lo que se cobra depende del convenio aplicable —el de ingenierías y oficinas técnicas en buena parte del sector privado, o las tablas de la función pública—, de la antigüedad, de la especialidad y del peso del trabajo de campo frente al de despacho.

La demanda ha crecido al ritmo de una normativa ambiental europea cada vez más densa y del empuje de las renovables, aunque una parte del empleo en consultoría queda atada al ciclo de los proyectos y a la financiación pública.