¿Cuánto ganan los profesionales del trabajo y la educación social en España?

El educador o la educadora social interviene sobre el terreno con personas en situación de vulnerabilidad: menores tutelados, familias en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, población reclusa o en proceso de reinserción, mayores dependientes o colectivos migrantes. A diferencia del trabajo social, más centrado en la gestión de recursos y prestaciones, aquí el eje es el acompañamiento socioeducativo: diseñar proyectos de integración, mediar en conflictos, dinamizar la vida de un centro y sostener procesos personales largos.

El ejercicio se reparte entre la red pública y el tejido asociativo. Buena parte del empleo lo generan los ayuntamientos, los servicios sociales autonómicos, la justicia juvenil y los centros de menores, pero también pesan mucho las fundaciones, ONG y entidades del tercer sector que prestan estos servicios por concierto o subvención. Esa dependencia de la financiación pública marca la temporalidad y la rotación que caracterizan al sector.

La vía de acceso es el grado universitario en Educación Social, complementado a menudo con habilitaciones profesionales reconocidas a quienes ya ejercían antes de su regulación. La pertenencia a colegios profesionales está extendida.

La Encuesta de Estructura Salarial del INE no publica una retribución propia para esta ocupación: la integra dentro del gran grupo de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, sin desglosarla. Su sueldo concreto depende del marco en el que se trabaje. En la Administración se rige por las tablas del personal laboral o funcionario, con su antigüedad y complementos; en el tercer sector lo fija sobre todo el convenio de acción social, históricamente más ajustado y condicionado por la duración de los contratos públicos. Turnos, guardias en centros residenciales y la especialización en colectivos concretos completan las diferencias.